Morgan Quero desata indignación nacional tras llamar «ratas» a fallecidos en protestas. Defensoría exige la destitución del ministro de Educación
hace 4 meses
Las reacciones a las palabras de Morgan Quero han sido inmediatas y contundentes. La Defensoría del Pueblo y diversos sectores políticos exigen su renuncia, mientras la sociedad civil se manifiesta enérgicamente ante lo que consideran una falta de respeto a las víctimas de las protestas.
El pasado miércoles 11 de diciembre, durante una actividad oficial en Piura, el ministro de Educación, Morgan Quero, se encontró en el centro de una fuerte controversia tras realizar declaraciones que muchos consideran ofensivas en relación con los derechos humanos. Durante una entrevista con una periodista, se le preguntó sobre el silencio del Gobierno ante las víctimas de la represión policial ocurrida durante las protestas de 2022 y 2023. En respuesta, Quero expresó: "Los derechos humanos son para las personas, no para las ratas". Esta frase provocó una ola de indignación entre diversos sectores de la sociedad peruana.
Desde el momento en que sus palabras fueron transmitidas, la repercusión mediática fue inmediata. Las redes sociales se inundaron de críticas hacia el ministro, reflejando un profundo descontento por su falta de sensibilidad ante la tragedia que vivieron muchas familias afectadas por la violencia durante las protestas. Organizaciones de derechos humanos y ciudadanos comunes comenzaron a exigir explicaciones y a demandar acciones concretas por parte del Ejecutivo.
Tras el revuelo causado por sus declaraciones, Morgan Quero intentó aclarar su posición en una entrevista posterior. Explicó que su respuesta había sido malinterpretada y que estaba hablando específicamente sobre violadores y asesinos en el contexto de un debate más amplio sobre la pena de muerte. "Supuse que la pregunta estaba orientada a ese tema. Me refería a que los violadores de niños y niñas son ratas, no a las víctimas de las protestas", afirmó. Además, Quero recordó que la presidenta Dina Boluarte había ofrecido disculpas en nombre del Estado por las muertes ocurridas durante las manifestaciones.
Sin embargo, estas aclaraciones no lograron calmar la tormenta que había desatado. La Defensoría del Pueblo se pronunció rápidamente, calificando las palabras del ministro como "ofensivas" y pidiendo a la presidenta Boluarte su destitución inmediata. La institución enfatizó que tales comentarios no solo trivializan la pérdida de vidas, sino que también socavan los principios fundamentales de los derechos humanos.
En paralelo, el Congreso también tomó cartas en el asunto. Se está preparando una moción de interpelación contra Morgan Quero, impulsada por parlamentarios como Carlos Zeballos y Jaime Quito. Zeballos, representante de Acción Popular, manifestó que las declaraciones del ministro "agreden a las regiones afectadas" y anunció que su bancada presentará la moción antes del cierre de la legislatura. Por su parte, Jaime Quito condenó lo dicho por Quero como "deplorable" y exigió su renuncia inmediata.
La indignación no solo se limitó a los pasillos del Congreso. En las redes sociales, miles de usuarios expresaron su descontento y solidaridad con las víctimas y sus familias. Muchos consideran inaceptable la minimización de la tragedia sufrida durante las protestas. La falta de respeto hacia los fallecidos y sus seres queridos ha sido un tema recurrente en los debates públicos, resaltando la necesidad urgente de abordar los temas de derechos humanos en el país.
Las protestas que se llevaron a cabo en 2022 y 2023 fueron desencadenadas por una serie de factores socioeconómicos y políticos que afectaron a diversas regiones del Perú. La represión policial durante estas manifestaciones dejó un saldo trágico, con numerosas víctimas que aún esperan justicia. En este contexto, las declaraciones de un funcionario público como Morgan Quero resultan especialmente sensibles y provocadoras.
La situación actual plantea un desafío importante para el Gobierno, que deberá enfrentar no solo las críticas internas sino también la presión externa para garantizar el respeto por los derechos humanos. La Defensoría del Pueblo y otras organizaciones seguirán vigilando estos acontecimientos, exigiendo respuestas claras y acciones concretas para reparar el daño causado a las víctimas y sus familias.
En conclusión, el caso de Morgan Quero refleja una problemática más amplia relacionada con la cultura política en Perú y la importancia de abordar adecuadamente los temas de derechos humanos. Las decisiones que tome el Gobierno en este contexto serán fundamentales para restaurar la confianza del pueblo peruano en sus instituciones y para honrar la memoria de aquellos que perdieron la vida en busca de justicia y dignidad.