Más de 300 colegios han cerrado por amenazas de extorsionadores: la educación en crisis

La falta de seguridad deja sin escuelas a miles de estudiantes

La creciente ola de extorsión y violencia que azota al país ha golpeado con fuerza a las instituciones educativas. Más de 300 colegios han cerrado sus puertas en el último año debido a amenazas de bandas criminales, generando una crisis educativa sin precedentes. Uno de los casos más recientes es el del Colegio Alfred Nobel, ubicado en Comas, que se vio obligado a cesar sus actividades tras recibir amenazas diarias por parte de la banda Los Injertos del Cono Norte, quienes exigían el pago de S/ 60,000 mensuales para permitir su funcionamiento.

Los vecinos de El Carmen, uno de los barrios más populosos de Comas, han expresado una mezcla de impotencia y resignación ante la noticia. "Las amenazas eran constantes: 'tienes 24 horas o vuelo el colegio'", comentó un residente de la zona. La falta de una respuesta efectiva del Gobierno ha sido duramente criticada por la comunidad educativa.

No hay una estrategia

Giannina Miranda, presidenta de la Asociación de Promotores de Educación Inicial y representante del colectivo Educar con Libertad, denunció que no existe un plan integral de seguridad por parte del Ejecutivo. "No hay una estrategia del Gobierno que pueda frenar esta inseguridad", declaró. Además, lamentó que la situación haya llegado al punto en el que los delincuentes ingresen a las instituciones educativas sin ninguna restricción ni temor a la ley.

La extorsión ha alcanzado a colegios de diversas regiones del país, incluyendo La Libertad, Lima y el Callao. En distritos como San Juan de Lurigancho, Puente Piedra, San Borja, Surco y Chorrillos, los colegios también han sido blanco de las mafias. La falta de medidas preventivas ha generado una creciente preocupación entre docentes, estudiantes y familias.

Maestros pagan cupos

El comercio y el transporte no son los únicos sectores afectados por la extorsión; ahora los colegios también son víctimas de esta práctica delictiva. Representantes del magisterio han denunciado que muchos promotores y directores de instituciones educativas han sido obligados a pagar entre tres y cinco veces en un año para evitar ataques a sus colegios.

Lucio Castro, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP), alertó sobre la situación que viven los maestros de escuelas públicas en zonas rurales de La Libertad. "Los docentes que se desplazan por zonas de difícil acceso, como Ascope, son interceptados por delincuentes. El año pasado les cobraban entre 5 y 10 soles diarios para permitirles el ingreso a las escuelas", detalló. Muchos de estos docentes se han visto obligados a pagar para continuar con sus clases.

En Trujillo, más de 70 colegios particulares han cerrado debido a las extorsiones. Uno de los casos más sonados fue el del Colegio Europeo Montalcini, cuyos dueños se vieron forzados a cerrar tras reiteradas amenazas.

El gobierno no entiende la magnitud del problema

Rubén Vargas Céspedes, exministro del Interior, ha criticado la falta de acción del Gobierno frente a la extorsión generalizada. "El problema no es de diez o quince empresas, es un problema nacional. Crear una unidad para atender extorsiones en un solo distrito demuestra que el Gobierno no ha entendido la magnitud del problema", advirtió.

Según datos del Ministerio Público, en los últimos nueve años se han registrado 86,373 denuncias por extorsión, chantaje u otros delitos relacionados. Solo en el 2023 hubo 22,296 denuncias, y el año pasado la cifra aumentó a 22,835. Sin embargo, se estima que el subregistro podría llegar hasta un 30% de los casos, lo que significa que la cantidad real de delitos es aún mayor.

Brigadas de autoprotección: una solución insuficiente

El ministro de Educación, Morgan Quero, generó polémica al declarar que se han implementado brigadas de autoprotección conformadas por padres de familia para enfrentar la ola de extorsiones. "Estamos trabajando con la Policía Nacional y con las brigadas de autoprotección escolar, formadas por padres y madres de familia", afirmó Quero.

Sin embargo, esta propuesta ha sido duramente criticada, ya que muchos consideran que la seguridad de los colegios debería ser garantizada por las fuerzas del orden y no por los propios padres. "El negocio de las bandas ya no es solo el tráfico de drogas; ahora controlan territorios a través de la extorsión", explicó el coronel (r) Jorge Mejía, exjefe de la División Antisecuestros.

A menos de un mes del inicio del año escolar 2025, la crisis de inseguridad sigue creciendo sin una solución concreta. La educación, derecho fundamental para el desarrollo del país, está en peligro mientras el Gobierno no implementa medidas efectivas para proteger a estudiantes, docentes y colegios de la delincuencia organizada.